Pactos contra la Unidad

Por Jorge Rosán

El pasado martes María Chivite, del PSOE, tomaba posesión como novena presidenta del Gobierno de Navarra. Esto no sería una noticia de especial interés si no fuera por los ingredientes que la forman y por la necesaria complicidad de EH Bildu. Un hecho que tiene su eco en la política nacional.

PACTO DE LA VERGÜENZA

El Gobierno de Navarra presidido por el PSOE, que tiene ocho de las trece consejerías existentes, ha contado con el apoyo de Geroa Bai, sobre la que recaerán cuatro consejerías; de Podemos, que obtendrá una consejería; y de Izquierda-Ezkerra, que renunció a entrar en el ejecutivo, junto con EH Bildu. Un Gobierno de coalición lleno de exigencias nacionalistas con las que tendrá que lidiar.

Un PSOE sin escrúpulos ha decidido formar Gobierno con la colaboración necesaria de una izquierda abertzale peligrosamente cercana a la lucha armada, y que en los últimos días ha defendido los homenajes a los terroristas salidos de prisión. No me gusta soltar fantasmas al aire, pero un partido que está extrañamente relacionado con la lucha armada y que se posiciona a favor de los homenajes a terroristas, mientras se pone de perfil ante sus crímenes, es un partido proetarra. Y el PSOE, grupo político que ha perdido a varios de sus miembros a causa de este terrorismo, está colaborando con los guardaespaldas de sus propios verdugos.

LA HIPOCRESÍA DE LA OPOSICIÓN

La derecha en la oposición, Navarra Suma (UPN+PP+Cs), lo ha criticado duramente con Esparza a la cabeza. La coalición de derechas cuenta con 20 escaños frente a los 11 del PSN (sin la suma de los apoyos en coalición).

La amnesia del PP parece hacerle olvidar los pactos envenenados que trazaban con los nacionalistas no hace mucho; y digo “nacionalistas” y “envenenados” porque, por aquel entonces, ya se identificaban las intenciones independentistas de un nacionalismo cada vez más fraccionario. Cuando recordamos los acuerdos del Gobierno de Aznar con los nacionalismos periféricos, el Pacto del Majestic, las cesiones en educación y la permisividad con una bestia nacionalista cada vez más grande, podríamos pensar que es cosa del pasado. Pero nada más lejos de la realidad, fue hace bien poco cuando Maroto, el adalid del ala progresista popular, decía, defendiendo sus pactos con Bildu, que “hay que buscar consensos con todos». Parece que la incoherencia del PP convierte en legítimo un pacto con nacionalistas cuando ellos son protagonistas, y en ilegítimo cuando lo ven desde la oposición. Pura hipocresía, puro partidismo.

En esto, ni siquiera la marca verde del PP, que pareciera ser más beligerante, tiene una respuesta. Un partido autodenominado constitucionalista y, demostrando ser el que más, es radicalmente opuesto a modificar la carta magna. Evitando abrir un debate serio, se ha limitado a proponer la recentralización desde el discurso de la austeridad. Es decir, la disminución de un Estado ya precario mediante recortes en la administración y una férrea convicción constitucionalista. Otra vuelta de tuerca para que nada cambie, sino a peor.

LA FALTA DE UN MODELO TERRITORIAL

Es durante el proceso constituyente, iniciado tras las elecciones de 1977 y mediante el que se elabora la Constitución de 1978, cuando se busca el tránsito de un régimen dictatorial a uno democrático-constitucional y la transformación de un Estado centralizado a uno descentralizado. Desde entonces, la distribución territorial es un problema políticamente no resuelto y que la Constitución no puede atajar.

Tras la muerte del dictador, los nacionalismos periféricos empezaron a reivindicar una especie de “conciencia histórica” de autogobierno que procede de no se sabe bien dónde, y que encontró privilegios durante la II República. Estas demandas comienzan a encauzarse mediante los regímenes preautonómicos de la transición, al mismo tiempo que se desarrolla el proceso constituyente.

Por aquel entonces, se empezó a asentar una idea que influirá en el proyecto constitucional, y es que se comenzó a vincular democracia con descentralización, y esto abrió la caja de Pandora a la indefinición nacional de España. España, una realidad material, una nación política sólida, se ponía en cuestión.

La Constitución Española se cerrará sin alcanzar un acuerdo respecto a la distribución territorial del poder político. El constituyente adoptó una solución ambigua al problema territorial, y reconoció el derecho a la autonomía y los elementos que lo determinan. Es decir, se lanzó una patada hacia adelante a un problema que no querían enfrentar; y la consolidación institucional que ha traído el paso del tiempo, hace evidente que es hora de enfrentarlo o España desaparecerá.

La solución a la cuestión territorial española no pasa por un constitucionalismo blandengue, causante de lo que hoy sufrimos. Para construir un modelo territorial que confronte a los nuevos retos del nacionalismo fraccionario, se exige acabar con el modelo constitucional del 78 y con los procesos estatuyentes derivados de él.

Foto sin cambio : Flickr © Gorka Palazio