¿ESTADO DE ALARMA O ESTADO DE EXCEPCIÓN ENCUBIERTO?

Este es el interrogante que se hace parte del pueblo español, ¿estamos ante un Estado de Alama o ante un Estado de Excepción encubierto? El gobierno decretó el estado de alarma, según el Art. 162 de la Constitución por el cual no se suspenden derechos; sino que se limitan los mismos como el artículo 11 Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio y el Artículo 55 de la Constitución que establece que:

Artículo 55
1- Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción.
2- Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.

La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.”

Es decir, según el Art. 55 de la Carta Magna solo podrían ser suspendidos por medio del Estado de Excepción o de Sitio; no por el de Alarma, los siguientes Derechos:

  • La suspensión de la libertad de movimientos (Art. 19 de la Constitución).
  • La suspensión del Derecho a la Libertad de Expresión (Art. 20.1 a) de la Constitución).
  • La suspensión del derecho a compartir y recibir información (Art. 20.1 d) de la Constitución)
  • El derecho a no secuestrar publicaciones sin resolución judicial (Art. 20.5 de la Constitución).
  • La suspensión del derecho de reunión (Art. 21 de la Constitución).
  • La suspensión del derecho a huelga (Art. 28.2 de la Constitución).
  • La suspensión a emprender negociaciones conducentes a convenios colectivos (Art. 37.2 de la Constitución).

Pero por los hechos y por las disposiciones legales que emanan del Gobierno de Sánchez, se asemejan más al Estado de Excepción que al Estado de Alarma, ejemplos no faltan:

Esto no supone un debate semántico para los juristas, la diferencia entre el Estado de Alarma y Excepción estriba en que el primero se limitan derechos y en el segundo; además de un apoyo reforzado según el artículo 163 de la Constitución, deben figurar cuáles son estrictamente los derechos a suspender como establece el Art. 55 de la Carta Magna y los artículos 13 y siguientes de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

Es por ello que un grupo de juristas presentaron el 19 de abril una petición al Defensor del Pueblo que impugnara el Decreto del Estado de Alarma por inconstitucional o las diferentes impugnaciones por vía judicial que se están presentando en los tribunales.

 

Foto original sin cambio: Luis Miguel Bugallo SánchezCC BY-SA 3.0

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