El Estado fallido: España y Covid-19

Por Francisco Ángel López Cabello

Toda obra humana es perecedera. Esto es también aplicable a las instituciones y es por eso que puede plantearse, como ha hecho la prensa suiza, si un estado, como el vigente en la España de 2020, se encuentra en cierto “riesgo vital”; en otras palabras, si llegamos a la posibilidad del “Estado fallido”.

La prensa española ha reproducido en estas fechas un artículo de la prensa suiza sobre algo de lo que no se atreve a hablar, pero sí a citar cuando el mensajero es foráneo y viene avalado por cierta aura de seriedad. La situación no es, ciertamente halagüeña, y ya hemos puesto de relieve la crisis del régimen vigente, pero, ¿hasta qué punto se puede hablar de una expresión tan comprometida como la del “Estado fallido”? Primeramente es menester definir el sustantivo “estado”, que ya tendremos tiempo de ponerle el adjetivo.

La forma más sencilla y fácil de definir el estado como fenómeno político-administrativo que viene durando por varios siglos, es acudir a los clásicos, y quién mejor entre ellos que el gran Max Weber. Este gran polígrafo alemán partió de considerar al estado como un agregado, como una peculiar comunidad humana. Así, hablaríamos de “aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio reclama […] (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima” [1]. Tenemos una realidad muy sugestiva para todo aquel que se aproxima al estudio de las formas políticas, pero también para todo aquel que quiera poner por obra sus apetencias de poder. Habida cuenta del peligro de la tiranía en el estado, es menester recordar que Weber, a continuación, habla de la idea de la legitimidad para el dominio [2].

Hecha una primera aproximación al “leviatán” político, podemos examinar la circunstancia de entenderlo como “fallido”. Simplemente, cabe decir que el estado fallido será aquél que fracasa en sus funciones en pro de la consecución de su finalidad (v. gr. El bien común, o en aserto de la Constitución de 1978, el “atender a las necesidades colectivas –artículo 131- ). Por lo tanto, un estado que no hace mérito en atender a administrar las necesidades del común y se ve desbordado, como es el caso actual de numerosos países, por una pandemia, está en trance de caer en su autodestrucción. La crisis, unas veces más leve y otras más seria, como en la España del Covid-19, nos hace pensar en las medidas de fuerza que se están tomando, más a destiempo que a tiempo, en relación a la pandemia de 2020. A punto de degustar el amargo plato del “estado de alarma” por tercera vez en este mismo ejercicio, es lícito pensar que este tipo de medidas draconianas se toman con el ánimo de huir de la lasitud autonómica, donde parece que cada mandarinato local hace lo primero que se le ocurre [3].

Ante la dispersión del poder, o “policracia”, las instituciones se inhiben, impidiendo la realización de “líneas políticas homogéneas” [4], de forma que hace unos cien años, Carl Schmitt ya previó que el parlamentarismo pluralista  y el moderno estado económico no serían conciliables entre sí [5]. Ya hemos visto cómo se resuelve en el Estado autonómico la falta de conciliación entre eficacia para los fines, por un lado, y pluralidad partidista y territorial por el otro: se reparten fondos públicos, a mayor aplicación del refrán “por dinero baila el perro”. Sin embargo, ante el enrarecimiento progresivo de la situación, y con la artifiosidad de la “coalición Frankenstein” gubernamental (secundada activa o pasivamente por todo el arco parlamentario, con la notoria excepción del partido “Vox”), sólo cabe la vía de la excepcionalidad, del exceso sobre el Derecho. En este caso, sólo se ha llegado al exceso y excepcionalidad  admitidos por el Derecho constitucional (el estado de alarma), pero cabe pensar en que un agravamiento de las condiciones a las que se somete a la sufrida y castigada ciudadanía española lleven a soluciones más imaginativas, pero menos confesables. No obstante, es esperable que aún sea un poco aventurado y prematuro hablar de aquellas “acciones osadas y extraordinarias que los príncipes están obligados a realizar en los negocios difíciles y como desesperados, contra el derecho común, sin guardar siquiera ningún procedimiento ni formalidad de justicia, arriesgando el interés particular por el bien público” [6]. Estas acciones, fueron así descritas por el escéptico Naudé en 1639, con el conocido nombre de “golpe de estado”. No sabemos aún si la profunda falla del Estado vigente sugerirá que las covachuelas o alcantarillas de la Moncloa piensan ya en derogar el Derecho común, por la “razón de Estado”. Pronto lo sabremos y entonces será la confirmación definitiva de un estado fallido.

[1] Weber, M. “El político y el científico”, Alianza Editorial, Madrid, 12ª reimpr. Madrid, 1992, p. 83.
[2] Ibid. P. 84, 85, describiendo la legitimidad histórica, la carismática y la legal-racional, siendo esta última en el estado moderno y más en el contemporáneo, la clave de bóveda del sistema.
[3] Algo relativamente lógico en una repartición competencial que otorga la sanidad en exclusiva a las Comunidades Autónomas, salvo los “restos” de la sanidad exterior y bases y coordinación general de la Sanidad.
[4] Schmitt, C. “La defensa de la Constitución”, Tecnos, Madrid, 1998, p. 154 y especialmente p. 155, donde atribuye el término “policracia”, en parte descriptivo, en parte despectivo, a Poppitz.
[5] Ibid. 158.
[6] Naudé, G. “Consideraciones políticas sobre los golpes de Estado”. Manejo la edición del Instituto De Estudios Políticos- Facultad De Derecho, Universidad Central De Venezuela, Caracas, 1964, p. 112 (en el célebre Capítulo II. Cuáles son exactamente los golpes de Estado y de cuántas clases).
Foto original sin cambio: Night LanternCC BY-SA 4.0